Las profundas transformaciones
políticas y sociales llevadas a cabo en varios países de la región han traído
la dignidad a millones de familias que han salido de la pobreza.
Pero la región de América Latina y el
Caribe es aún la más desigual del planeta. En promedio, el 20% de los hogares
con menores ingresos capta el 5% de los ingresos totales; 167 millones de
personas sufren todavía de la pobreza, uno de cada cinco menores de 15 años
vive en la indigencia y la cifra de analfabetos supera los 35 millones.
La mitad de nuestros jóvenes no
tienen educación secundaria o noveno grado de enseñanza, pero en el sector de
menos ingresos no la completa el 78%. Dos tercios de la nueva generación no
llegan a la universidad.
Crecen las víctimas del crimen
organizado y de la violencia que amenazan la estabilidad y el progreso de las
naciones.
¿Qué pensarán las decenas de millones
de marginados acerca de la democracia y los derechos humanos? ¿Cuál será su
juicio sobre los modelos políticos? ¿Qué opinarán acerca de las leyes
electorales? ¿Es esta la sociedad civil que toman en cuenta los gobiernos y las
organizaciones internacionales? ¿Qué dirían si se les consultara sobre las
políticas económicas y monetarias?
Poco tienen que mostrar a nuestra
región, en estos aspectos, muchos de los Estados industrializados donde la
mitad de sus jóvenes están en el desempleo, se descarga la crisis sobre los
trabajadores y los estudiantes a los que se reprime, mientras se protege a los
banqueros, se impide la sindicalización, se paga inferior salario a las mujeres
por trabajo igual, se aplican políticas inhumanas contra los inmigrantes, crece
el racismo, la xenofobia, el extremismo violento y tendencias neofascistas, y
donde los ciudadanos no votan porque no ven alternativa a la corrupción de la
política o saben que las promesas electorales se olvidan muy pronto.
Para alcanzar la llamada inclusión
social y la sostenibilidad ambiental, tendremos que crear una visión propia
sobre los sistemas económicos, los patrones de producción y consumo, la relación
entre el crecimiento económico y el desarrollo y, también, sobre la eficacia de
los modelos políticos.
Debemos superar las brechas
estructurales, asegurar educación gratuita y de alta calidad, cobertura
universal y gratuita de salud, seguridad social para todos, igualdad de
oportunidades, lograr el ejercicio pleno de todos los derechos humanos por
todas las personas.
Dentro de tales esfuerzos, será
elemental deber la solidaridad y la defensa de los intereses del Caribe y, en
particular, de Haití.
Se precisa un nuevo orden económico,
financiero y monetario internacional, donde tengan cabida y prioridad los
intereses y necesidades de los países del Sur y de las mayorías, donde no
prevalezcan los que impone la concentración del capital y el neoliberalismo.
La Agenda de Desarrollo después del
2015 debe ofrecer soluciones a los problemas estructurales de las economías de
la región y generar los cambios que conduzcan al desarrollo sostenible.
Es también imprescindible construir
un mundo de paz, sin el cual es imposible el desarrollo, regido por los
Principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional.
La firma por los Jefes de Estado y
Gobierno de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz,
significó un paso histórico y ofrece una referencia para las relaciones entre
nuestros Estados y con el resto del mundo".
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