CUMPLO SOLICITUD DE MIS COLEGAS ABOGADOS COLOMBIANOS. INTERESANTE LECTURA

"Yo saqué a la luz un monstruo
económico y político": Bladimir Sánchez.

El realizador de "El video que el Gobierno no quiere que veamos", es víctima de amenazas que lo obligarían al exilio. El motivo: su reportaje, publicado el martes, muestra cómo varias personas son desalojadas violentamente por la Fuerza Pública de la represa 'El Quimbo".

Colombia entera y varios países extranjeros fueron testigos de los abusos que cometió la fuerza pública en un enfrentamiento contra los ciudadanos en el Huila, gracias a "El video que el Gobierno no quiere que veamos". Las imágenes muestran la resistencia que puso un grupo de ciudadanos ante el desalojo que adelantó el Gobierno para seguir con las obras de la construcción de la represa 'El Quimbo', en las veredas ubicadas a las orillas del río Magdalena, en el departamento del Huila. El video corrió por las redes sociales y en tres días alcanzó más de 700.000 visitas y está siendo traducido a cinco idiomas. A su realizador, Bladimir Sánchez, lo han llamado de Estados Unidos, Brasil y Francia entre otros países, para conocer más sobre el tema y algunas universidades extranjeras quieren incluir el registro de lo sucedido en 'El Quimbo', en sus asignaturas de derechos humanos.

Sin embargo, Bladimir, de 29 años y quien lleva cuatro investigando el caso de la represa de 'El Quimbo', no ha podido disfrutar de este éxito por culpa de las amenazas que lo tienen a punto abandonar el país.

Semana.com: ¿Se imaginó lo que le iba a pasar después de que publicara el video

Bladimir Sánchez: ¿Lo de las amenazas? Sí. El que se haya leído la historia de este país sabe que quién se atreva a denunciar una verdad es víctima de la persecución. Y yo saqué a la luz un monstruo económico y político.

Semana.com: Debido a la gravedad de sus denuncias ¿alguien lo persuadió de no hacer público el reportaje?

B.S.: Sí, hubo mucha gente que no estaba de acuerdo en que lo publicara porque querían proteger mi integridad y otros porque sentían mucho temor. Yo me atreví a revelar una verdad al país y al mundo con la intención de que no se sigan repitiendo esas atrocidades y que esto no quede en la impunidad. Yo soy profesional de comunicación y he estado en el periodismo comunitario desde hace mucho tiempo.

Este conflicto lleva cuatro años y siempre he estado en las investigaciones en todo este proceso, grabando todas las asambleas. He elaborado siete proyectos sobre el mismo tema, todos están en YouTube, pero este fue el que más llamo.

Semana.com: ¿Cómo empezaron las amenazas?

B.S.: Al segundo día de haberse publicado el video me llamaron y me amenazaron pero las que ocurrieron al día siguiente fueron más contundentes, me decían que ahora si me iban a desaparecer.

Semana.com: ¿Llegó a pensar que el video tendría en tan pocos días casi un millón de visitas?

B.S.: Pues esto es el resultado de un proceso de cuatro años de mucho trabajo y finalmente se logró mostrar la evidencia de una clara violación de los derechos humanos, de cómo la Fuerza Pública atropelló a todo un pueblo. Han sido más de 700.000 reproducciones y está siendo traducido a cinco idiomas. Me han llamado reporteros de Estados Unidos, de Francia, y de otros países. El objetivo era demostrarle al país que la locomotora minera no es eso sino que es una aplanadora, que deja sin empleo a más de 400 familias, 3000 personas y que el Gobierno no ha querido escuchar a las comunidades.

Semana.com: ¿Cuál fue la motivación que tuvo para hacer este trabajo?

B.S.: Terminar con la impunidad, porque aquí se está afectando a miles de personas y no sólo aquí en el departamento del Huila. En la Guajira, por las minas de carbón se asesinaron 500 indígenas y no pasa nada porque eso sigue en la impunidad. Este video ha animado a otras asociaciones a que publiquen lo que está pasando en diferentes partes.

Semana.com ¿Cuál es el siguiente pasó que piensa dar para continuar con esta denuncia?

B.S.: Se está convocando a nivel nacional marchas por la defensa del territorio, y pues, en lo personal, le exijo al Estado protección y que los organismos internacionales de derechos humanos, hagan la veeduría de esta protección. Se necesita el respaldo internacional porque si en Colombia se hace una investigación profunda donde se denuncia la participación de políticos, entonces no existen las garantías suficientes en este país.