viernes, 29 de octubre de 2010

CULMINAN LAS REFLEXIONES SOBRE ÉTICA, MORAL Y DERECHO. IV PARTE

 Hemos llegado al final de un tema apasionante, no solamente para mi, sino para muchos amigos y amigas, espero sus saberes para seguir desarrollando criterios.

Para fundamentar el análisis aportamos algunas cifras necesarias e ilustrativas de la involución de la humanidad en los últimos 30 años: El desempleo de la Población económicamente activa en 1979 en el mundo era de 44,5 millones de trabajadores marginalizados, siendo en 1998 de 130 millones de personas, con un crecimiento casi triplicado de las personas comprendidas. Aproximadamente 450 millones de personas en el mundo trabajan como asalariados rurales. Entre un 20 y un 30 por ciento de ellas son mujeres y abunda el trabajo infantil. Según la OIT, en 1997 unos 170 mil trabajadores murieron como consecuencia de accidentes laborales en este sector. A su vez, más de 160 millones contraen anualmente enfermedades debido a exposiciones a agrotóxicos.

El contrabando de personas es una industria ilegal que ha crecido de forma constante en los últimos años, y que mueve anualmente la escandalosa cifra de diez mil millones de dólares, de acuerdo a un informe dado a conocer por la Organización Mundial para las Migraciones (OIM). Según datos comprobados por la organización, se calcula en unas 700 mil personas, sobre todo mujeres y menores de edad, las víctimas anuales de este tráfico entre las fronteras de diversos países, porque se ven expuestos a la violencia física y psicológica, sus derechos no son reconocidos por tratarse de “ilegales”, y no pueden –o no saben- defenderse dada su condición.

En pleno siglo XXI, existen más 27 millones de personas que sobreviven en auténticas situaciones de esclavitud. Algunos estudios de la Unión Europea llegan a apuntar la cifra de 200 millones de personas que vive en servidumbre forzada. Hay situaciones de sometimiento en forma de trabajo y de prostitución, la servidumbre por deudas, la incorporación forzosa al ejército para participar en combates y el trabajo infantil que afecta a cerca de trescientos millones de niños, según denuncia incansablemente UNICEF. Los esclavos de hoy pueden ser inmigrantes que trabajan de sol a sol en viveros de agricultura intensiva en Europa, obreros de la construcción a destajo y sin derechos reconocidos, así como tejedores de alfombras o de prendas deportivas en inmundos lugares de Asia para las grandes firmas multinacionales.

Los esclavos de nuestros días, a veces, padecen tratos más brutales en ambientes más estresantes que los de la antigüedad. De acuerdo con la OIT ocho millones de infantes son victimas de explotación sexual en el mundo. En nuestro mundo, más de 670 millones de niños y niñas viven en la pobreza absoluta. Más de 5.000 niños y niñas mueren por beber agua contaminada. Esta cifra será crónica, si no se pone remedio, porque hay 370 millones de niños y niñas privados del acceso a agua con garantías higiénicas.

De los centenares de millones de niños atrozmente pobres, 140 viven en la calle, donde mendigan, trapichean de diversas maneras o se prostituyen; otros 170 millones padecen hambre y 30.000 niños mueren al día por enfermedades que ya no matan en países desarrollados. Más de 3 millones de menores de 15 años han contraído el SIDA y entre 100 y 300 millones trabajan en condiciones precarias, difíciles o insalubres por salarios de miseria. Pero lo que marca la cima de la infamia global del trato a los menores son la existencia de niños soldados en 35 países y el tráfico de menores, con especial abyección cuando es para su uso en la pornografía, la esclavitud y explotación sexual.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que para el año 2002 a nivel mundial trabajaban alrededor de 352 millones de niños. Del total, 246 millones participaban en formas de trabajo infantil que deben erradicarse por ser altamente peligrosas o entrañar explotación; además, 187 millones tienen entre 5 y 14 años de edad. Por otro lado, 180 millones de niños ejercen las peores formas de trabajo infantil, y al menos 8 millones realizan actividades de prostitución o trabajo forzoso, incluidos, en esta última cifra, aquellos que sin ser trabajadores en sentido estricto participan en conflictos armados.[1]

Podemos entonces llegar al próximo paso de esta reflexión sobre los derechos y la ética en las relaciones laborales. El Patrimonio Jurídico en la dimensión social abarcado por el Constitucionalismo Social de la América Latina está integrado por un conjunto de Normas, Acuerdos, Tratados y demás documentos de carácter internacional:

·         Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)
·         Declaración americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948)
·         Carta Internacional Americana de Garantías Sociales ( 1948)
·         Carta de la Organización de Estados Americanos ( 1948)
·         Declaración relativa a los fines y objetivos de la Organización Internacional del Trabajo  (1944)
·         Constitución de la Organización Internacional del Trabajo (1945)
·         Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (1966)
·         Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ( 1966)
·         Convención Americana sobre Derechos Humanos ( 1969)
·         Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979)
·         Convención sobre los Derechos del Niño (1990)
·         Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer "Convención de Belem Do Para" (1994)
·         Declaración de Principios y Derechos Fundamentales de la OIT (1998)

Nuestro criterio es que no podemos dejar de proteger aduciendo como fundamento que es necesario adoptar nuevos documentos regulatorios; todo está escrito y dicho, solamente hace falta cumplirlos.

A pesar de que el Derecho Internacional genera obligaciones jurídicas para con los estados miembros, es preciso detenerse en el papel del Estado en la regulación de las normas nacionales, ya que el derecho internacional no tiene la misma eficacia que el ordenamiento interno de los países, pues está dentro del derecho soberano de los Estados acogerse o no a sus disposiciones. Por ello es a partir de las legislaciones nacionales, y más concretamente de las Constituciones Nacionales y de las normas que la apliquen, como han de construirse sistemas efectivos

Los Estados están obligados a pronunciarse para dar cumplimiento a los Convenios Internacionales que han suscrito y esforzarse por materializarlos como es el caso de la Declaración de Derechos y Principios Fundamentales de 1998 de la OIT, respecto a la cual no estamos en contra de sus intenciones, sino que consideramos que no son ni con mucho los derechos fundamentales y el enunciado de los principios no corresponde al que estudiamos en los años universitarios e investigamos posteriormente, a saber: carácter protector del derecho, estabilidad en el empleo, ausencia de explotación, no discriminación, libertad de trabajo, irrenunciabilidad de los derechos, equidad en las oportunidades, no discriminación, inembargabilidad de los salarios, universalidad de la cobertura, igual salario por igual trabajo y otros, por sólo citar algunos.

Los Estados aún en la sociedad neoliberal tienen un compromiso ante sus pueblos en el sentido de contribuir a la justicia social, al bienestar colectivo e individual y a un futuro mejor. Esto solamente es posible cuando el Estado recobra su papel protagónico como actor nacional e internacional en temas de regulación y adopción de normas de derecho y no como un elemento flexibilizador, que coadyuve a la penetración de los “nuevos actores internacionales” cuales son las corporaciones, asistidos de sus “tanques pensantes “ que enarbolan teorías modernas sobre el crecimiento del mercado y el empleo, la competitividad empresarial y la consideración del sector informal como una oportunidad de empleo.

Las privatizaciones de sectores tales como la salud, la educación, la seguridad social y de necesidades básicas y esenciales que dificulten el acceso de la población, impedirá el trabajo decente del mañana. ¿Qué sociedad estamos construyendo para las futuras generaciones? Abogamos por el derecho social, por un orden público social por encima del económico y comercial. El comercio no puede dictar las pautas y derroteros a los hombres. Son ellos los que definen el cauce de aquél.

El ser humano como un ser bio-psicosocial para las aspiraciones del trabajo decente, digno y no discriminador, debe verse como un ser psicológicamente apto y equilibrado, socialmente apto, participativo y comunicativo, biológicamente sano, mental y físicamente y libre de tensiones, protegido por el derecho.

Los valores que deben crearse, reproducirse en su autoidentificación, a partir del ser social y la conciencia social, se unen en el plano de la ética, transformándose con el derecho en el ambiente sano y seguro que el trabajador y la trabajadora requieren para su reconocimiento emocional y psicosocial.

Martí decía “Hombres recogerá quien siembre escuelas”. Le adicionamos los siguientes componentes: “Riegue antes el terreno con salud, abónelo con los alimentos y nutrientes necesarios, créele espacios de participación y de identificación, aplíquele amor y cuidados y recogerá hombres y mujeres dignos, sanos, seguros, simplemente la materia necesaria para el desarrollo social”.

Conclusiones preliminares en forma de reflexiones generales.

Para los  millones de niños y adolescentes en todo el mundo, quienes trabajan mucho antes de que sus frágiles huesos y sensitivas almas estén preparados, la infancia es un sueño perdido. Ellos trabajan desde las primeras horas de la mañana hasta después del ocaso. Se les puede ver vendiendo flores y goma de mascar a turistas en las calles de ciudades ruidosas y superpobladas; quemándose bajo el sol en plantaciones gigantescas, sucias, e infectadas de residuos químicos; barriendo los pisos de las mansiones de millonarios inconscientes; doblándose las espaldas en oscuras fábricas de alfombras bajo el látigo de la esclavitud moderna. En un mundo que ha avanzado tanto en los últimos años, es casi impensable que todavía obliguemos a los niños, el sector más vulnerable de la sociedad, a renunciar a su futuro y trabajar por su supervivencia.

Hay que tomar acciones decisivas contra cualquier tipo de explotación laboral infantil en América Latina, donde millones de menores están atrapados en el laberinto del trabajo, en una época de sus vidas en que deberían tener derecho a ser solamente niños.

En el orden de las reflexiones, no es desacertado traer en las conclusiones algunas opiniones generales sobre “trabajo decente” sobre el cual debemos entender un empleo de calidad que respete los derechos de los trabajadores en forma de protección social. Tiene más un contenido ético que técnico, ya que junto al concepto de trabajo productivo incorpora su realización en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana. Entendiéndose entonces por seguridad en el trabajo la continuidad y estabilidad, pero faltaría una referencia a la salud física y mental como parte integrante del trabajo decente.

La dirección empresarial que crea ansiedad, depresión, acoso, humillación, estrés, burnout  a sus trabajadores, no cumpliría  entonces con el trabajo decente porque garantice continuidad y estabilidad, participación y negociación. De eso se trata muchas veces en los Códigos de Ética. Meros pronunciamientos formales, poco de cumplimiento en la realidad.

Entonces tendríamos que analizar el trabajo decente al nivel colectivo y global y no al individual, lo que atañe a cada hombre y mujer, pudiendo coexistir una entidad que se preocupe por darle continuidad al empleo del trabajador y sin embargo su organización  del trabajo contribuya a un ambiente de nocividad en las relaciones interpersonales. ¿Cabría protección social en estos casos?

¿Cómo alcanzar justicia social en el siglo XXI si no hemos logrado la equidad de oportunidades y trato en el empleo? ¿Podríamos alcanzar la meta de un trabajo decente en el sector informal? ¿Cómo hablar de trabajo decente, si lo primero que hay que lograr es un trabajo?

Los que tienen un empleo sienten la urgencia de mantenerlo a toda costa y a todo costo. Para ellos las pandemias del siglo XXI son insignificancias comparadas con los flagelos neoliberales. El estrés, la ansiedad, la depresión, son males propios de las sociedades desarrolladas, que ya pasaron por la etapa de las necesidades perentorias, para ir ahora a satisfacer otras necesidades crecientes, pero que no constituyen la vital y más urgente, la vida misma.

Por eso nos cuestionamos si serán para América Latina las mismas urgencias que las del mundo europeo desarrollado. Por eso consideramos que no se pueden aplicar iguales raseros y soluciones a realidades diferentes, porque estaríamos creando un monstruo similar a Frankestein, hay que tomar en cuenta siempre la cultura, las costumbres, el nivel de desarrollo económico y social.  Las pandemias del siglo XXI para el mundo subdesarrollado son aún el hambre, la miseria, la exclusión social, la violencia social, la insalubridad, la mortalidad infantil, el analfabetismo y el desempleo.

En cuanto a la Declaración de principios y derechos fundamentales de la OIT, vale recalcar que la Organización va contra sus propios pasos, pues obliga a los Estados al cumplimiento de los Convenios, lo cual es responsabilidad individual de cada uno, en el ejercicio de la libertad de ratificación que comprende la obligación de asumir compromisos, pero al definir que estos Convenios deben cumplirse por abarcar principios y derechos fundamentales, sin atenerse al proceso de la ratificación, se ha creado una suerte de derecho supranacional, de plataforma jurídica por encima de los Estados, que en cualquier momento atentará contra la propia Organización.

Los derechos humanos abarcan tanto la esfera individual como la colectiva pero deben verse en su unicidad y no en su individualidad que los debilita y desvaloriza. Son derechos de primera generación todos, tanto los derechos laborales, como los  civiles y políticos,  el derecho al empleo, a la salud, la educación, la cultura, la seguridad social, la negociación colectiva, la sindicación, al ambiente limpio, a la calidad de vida en su acepción más general y no parcial, a una sociedad sin violencia, al respeto de la integridad física y moral, al desarrollo, a la sustentabilidad, a la más amplia participación , a dominar y proteger los recursos naturales no renovables de que disponen las personas, al ejercicio de derechos inalienables a la propia existencia, a la equidad, la ausencia de explotación , la gobernabilidad democrática, la condonación de la deuda externa y el pago de los intereses, los derechos de las comunidades indígenas y campesinas, que no podemos asumir la teoría de los derechos blandos o los derechos de primera, segunda y tercera generación.

En esta apretada síntesis no entramos a cuestionarnos varias situaciones que no pudieron ser tocadas en el texto de este trabajo o que lo fueron de forma somera, para hacer más rápida la lectura y como un incentivo a una futura reflexión en temas similares. Nos preguntamos al igual que otros autores:

·         ¿Qué papel debe jugar el Estado en la protección jurídica de los ciudadanos?
·         ¿Será el derecho laboral la rama del ordenamiento jurídico que se ocuparía de relacionar salud, trabajo, derecho y bioética?
·         ¿Asumirá la empresa su responsabilidad ante los daños que se ocasionen al trabajador por un trabajo no protegido o por los riesgos derivados del crecimiento incesante de la productividad?
·         ¿Se logrará el trabajo decente sin antes contar con salud, educación, alimentación y empleo?
·         ¿Podrá el empleador en su afán de obtener el máximo rendimiento de su inversión, garantizar que en su plantilla solamente se encuentren trabajadores sanos y saludables?
·         ¿Cómo evitar la discriminación de los trabajadores por motivos de estado de salud, discapacidad parcial u otros elementos relacionados con la salud y el trabajo?
·         Si se equiparan a los fines del trabajo decente, los sectores formal e informal ¿tendrá derecho el trabajador informal a los beneficios del seguro social? 

Resumiendo, se hace una vez más necesario comprometer a los estados con el futuro de sus ciudadanos, estudiar las consecuencias para el hombre de algunas “investigaciones” todavía no comprobadas en su efectividad y viabilidad para los seres humanos, así como no permitir que se ponga en peligro el futuro de la humanidad por la desnutrición, el desamparo, el analfabetismo y demás males que por un enfoque neoliberal dejan de constituir aspectos a regular por los Estados que todavía consideran que son asuntos que deben resolver las partes mediante el diálogo social.

No podremos hablar de promoción del trabajo decente y cumplimiento de los objetivos estratégicos que la OIT ha presentado como su meta inmediata hasta la erradicación de los flagelos que castigan hoy a los seres humanos y nos hacen perder a diario futuros hombres y mujeres de ciencia, de la cultura, del deporte y del trabajo productivo y socialmente necesario.



[1] Más de 20.000 menores realizan en el 2004 Trabajo Infantil Doméstico (TID) en Honduras, según un estudio dado a conocer por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). De acuerdo con la OIT, el trabajo infantil doméstico es realizado por los niños (menores de 18 años) en hogares ajenos y consiste en limpiar, cocinar, cuidar de personas o mascotas, realizar mandados, entre otros.

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